Es de público conocimiento que el gobierno de la Libertad Avanza, a partir del 10 de diciembre, ha decidido gobernar por DNU. Esta cuestión quedo más que clara cuando, después de la presentación del proyecto de ley ómnibus y habiendo logrado la aprobación en general, el tratamiento en particular quedó trunco a pesar de los números, intentos de ayuda que recibió el oficialismo por parte de los sectores colaboracionistas. Ni eso alcanzó: el tratamiento en particular dejó en evidencia el mamarracho jurídico y sus implicancias. El hecho de que fuera devuelto a comisiones parlamentarias, solo fue una maniobra elegante para aplacar el tamaño de su derrota: la ley ómnibus no se puede votar.
A pesar de eso no debemos olvidar que sigue vigente el DNU que Victoria Villacruel en su carácter de vicepresidenta de la república y defensora principal de la fiesta de los genocidas y presidenta del Senado se niega a tratar, -seguramente para evitar que corra la misma suerte que la ley. Por otro lado obstruye el normal funcionamiento de los mecanismos que se establecen en la Constitución Nacional para el tratamiento de los DNU y en toda la normativa, incluido el Código Civil de la Nación, que regula el procedimiento para la sanción de nuevas leyes positivas de la República.
Debemos entonces asumir que estamos siendo víctimas de violencia, porque el gobierno de La Libertad Avanza en la figura del presidente promueve la idea de que la justicia social constituye una aberración, que el bien común es un robo y que, por lo tanto, el Estado tal como lo conocemos, es innecesario. Mediante ideas extremas clausuran el contrato social y dejan al desamparo absoluto todas las relaciones sociales que se transforman en relaciones de competencia, de desconfianza y de vanagloria generando las condiciones fundamentales para que pueda prosperar un estado de guerra, el hombre el lobo del hombre.
Esta es la consecuencia del exterminio del Estado de Derecho que ordena no solo nuestra vida cotidiana, sino que nos amalgama como comunidad política. Omitir que en este cuadro de situación que todas y todos seremos víctimas de violencia es en lo mínimo, pueril.
El gobierno pretende trasladar esta violencia en forma horizontal a todas las relaciones sociales. La única manera de conducirla a quien corresponde es organizando un poder que canalice esa violencia hacia donde debe estar dirigida. Esto es, hacia quienes nos gobiernan en función de sus propios intereses. Ya que, en estas circunstancias bueno o malo, justo e injusto será como diga el mi-rey.
Entonces concluiremos en que lo bueno y lo justo será ejercer el derecho a la resistencia y a todas las formas de lucha.
Frente a un gobierno que actúa de manera despótica, que traiciona la confianza la ciudadanía y socava los principios de la democracia que supimos construir desde hace 40 años, no queda otra que oponer una resistencia civil amplia con la participación de los movimientos sociales en defensa de los Derechos Humanos hasta cambiar el mal gobierno y garantizar el establecimiento de un Estado Nacional sólido y funcional para garantizar la realización democrática de todas y todos.
Una democracia que, además, garantice estabilidad económica, que promueva políticas que fomenten la inversión, el emprendimiento y el bienestar social. Una democracia que contribuya a fomentar relaciones de cooperación, de confianza y el bien común un marco legal y jurídico claro, de respeto por los Derechos Humanos, y que sobre todo garantice vivir una vida digna en una patria con justicia social.
