En las últimas semanas, los medios masivos de comunicación dieron a conocer los casos de Lucas González, asesinado por la policía de la Ciudad, y el de Luciano Olivera, asesinado por la policía de la provincia de Buenos Aires. De esta forma, la violencia institucional trascendió a la agenda mediática pero sin una cobertura que profundice este problema que denuncian hace años las organizaciones sociales y los medios populares.
El “gatillo fácil” es el titular que reciben los fusilamientos por parte de las fuerzas de seguridad; sin embargo, la violencia institucional comprende una serie de abusos que no son difundidos o que tienen un tratamiento sesgado como las represiones, las detenciones arbitrarias o los asesinatos en cárceles.
Según la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la violencia institucional consiste en toda práctica que abarca desde la detención “por
averiguación de antecedentes” hasta las formas extremas de violencia como el asesinato y la tortura física y psicológica perpetrados por funcionarios de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, el servicio penitenciario y los efectores de la salud en un contexto de restricción de autonomía y libertad.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) considera que el concepto es más amplio y que está en constante desarrollo debido a su complejidad. Desde esta perspectiva, sostienen que el trabajo diario de las fuerzas de seguridad está atravesado por la violencia: desde una detención sin orden judicial hasta en la connivencia con negocios delictivos. Asimismo, reconoce la responsabilidad de múltiples actores como por ejemplo el Poder Judicial e incluso agentes estatales que actúan de forma indirecta, ya sea por omisión, negligencia o abandono. Por último, el organismo sostiene que, en gran medida, los jóvenes de clases populares son objeto de represión, hostigamiento, tortura y asesinato debido a la discriminación y prejuicio.
El viernes 17 de diciembre, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) dio a conocer el “Informe sobre la Situación Represiva Nacional”. Según estos datos, en los primeros once meses de 2021 se registraron 417 personas muertas en lugares de detención, por gatillo fácil u otras modalidades.
María del Carmen Verdú, titular de CORREPI, detalló: “Lucas Galván fue asesinado a tiros por un miembro de la Prefectura Nacional; Alejandro Martínez murió torturado en la comisaría de San Clemente del Tuyú, y Eric Valdez murió del mismo modo en la comisaría de Concordia, Entre Ríos; la policía de Chubut está reprimiendo ferozmente al pueblo movilizado y en Jujuy crece la represión a les trabajadores».
Por otro lado, desde la Coordinadora sostuvieron que durante la pandemia se recrudeció el accionar de la policía ya que tuvieron la facultad de detener a personas arbitrariamente. Una respuesta al incremento de casos surgió a principios de este año con la presentación de un proyecto de ley sobre violencia institucional por parte de la diputada Paula Penacca (FdT). Esta ley, que obtuvo dictamen favorable en julio, busca regular el funcionamiento de las fuerzas policiales, de seguridad y del servicio penitenciario.
Esta problemática introduce en la agenda pública el debate sobre qué tipo de organismo de seguridad estatal necesita la sociedad y, al mismo tiempo, sirve para interpelar a los funcionarios y que respondan con una reforma integral que comprenda y no vulnere los derechos humanos. ¿Es posible?
Mar Buonomo
Para Palabra Activa
