El tiempo se agota. Se necesita restablecer La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) promulgada en el año 2009 durante la presidencia de Cristina Fernández.
Esta ley es producto de años de desarrollo, investigación y consenso por parte de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y distintos actores del sistema de medios de comunicación de toda la Argentina. Regula los servicios audiovisuales de todo el país, a través de mecanismos que procuran la promoción de la diversidad, la pluralidad de contenidos y la desmonopolización.
En ese contexto se afianzan y surgen espacios como – PALABRA ACTIVA – que suman a la multiplicidad de voces territoriales que sostienen con su pensamiento y acción el derecho a la comunicación nacional y popular.
El gobierno neoliberal encabezado por M. Macri a sólo 25 días de su asunción modificó la ley por decreto Nº 236/2015 que disolvió organismos regulatorios, creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y frenó su aplicación.
Según la abogada Graciana Peñafort, este decreto viola la ley por varias razones: -por crear un organismo descentralizado sin aprobación del Congreso, -por promover más concentración, más oligopolios, menos controles estatales, menos federalismo, menos participación ciudadana, -por la inobservancia de leyes, -por el incumplimiento de orden judicial y adulteración de fecha en documento público.
La corporación judicial argentina se decidió a resolver con MEDIDAS CAUTELARES lo que sus pares no pudieron con argumentos políticos en el Congreso, metodología que se viene utilizando desde distintos sectores vinculados a los grandes multimedios.
¿Por qué el gobierno actual no tomó en sus manos esta situación inmediatamente después de su asunción? No hay respuestas a nuestro alcance pero reconocemos que es una decisión pendiente, urgente y necesaria. A pesar de la situación mediática se ganan las elecciones del 2019 pero esta es, de mínimo un reduccionismo, ya que las consecuencias de la concentración de medios en la Argentina y en toda América latina van más allá.
Lo cierto es que el poder real con los medios corporativos y parte de la Justicia, están poniendo en juego una nueva modalidad antidemocrática impulsando golpes de Estados institucionales con el objetivo de implementar políticas neoliberales.
El espacio público ocupado por los medios hegemónicos de comunicación se transformó en la sede del odio y la agresión entre las personas convirtiendo a la adversaria/o política/o en persona enemiga a quien se puede humillar, degradar, maltratar. Construyen consenso, manipulan la subjetividad, convencen, consiguen votantes, imponen valores, hábitos, posicionan un producto, una idea o un candidato. En definitiva, colonizan la opinión pública.
El derecho a la libre expresión se confunde con una libertad de agresión. No se está hablando de una práctica de censura sino que el estado asuma con una decisión responsable limitar la acción de los oligopolios mediáticos. (Clarín/Telecom conforma una cadena de (293) medios y es el de origen local con mayor proyección a nivel nacional)
La cultura sometida a un proceso oligárquico homogeneizante desecha los pilares democráticos: el disenso, la pluralidad y la dignidad de las diferencias. Queda al desnudo que reconoce a “la comunicación” como un bien económico sujeto a las reglas del mercado e ignora el concepto originario que la constituye: el Derecho Humano.
Ana Bragaccini
Para Palabra Activa
Todo eso es cierto, pero además, hay que dejar de tener miedo a los oligopolios mediáticos para tomar decisiones políticas y legales. La ley de medios derogada por macri es un ejemplo de inconstitucionalidad y, por tanto, volver a su vigencia no debería tener obstáculos.
Coraje es lo que falta (en esto y otros tantos temas= justicia)
Acuerdo absolutamente!
M Gcias x el aporte!
Como siempre muy buenas notas, sobre la realidad que transcurre e inquieta