LAS SECUELAS DE LA IMPUNIDAD EN URUGUAY Por Griselda Fernández

La dictadura cívico militar uruguaya se formaliza el 27 de junio de 1973 con el Golpe de Estado por parte del Presidente de la República Juan María Bordaberry, quien contaba con el apoyo de las FFAA, la misma que lo desplazara del gobierno y colocara en primer lugar a A. Demichelli, posteriormente a Aparicio Méndez y por último al Teniente General Gregorio Álvarez.

En los 12 años de dictadura, las uruguayas y los uruguayos conocimos como fue vivir en un mundo bajo un estado totalitario, en un Terrorismo de Estado, con violaciones a los más básicos Derechos Humanos y la violación más inhumana: el Derecho a la Vida.

La dictadura cívico militar significó también el cercenamiento a las libertades individuales como la expresión de pensamiento, de reunión, de asociación, de prensa. La censura a todo tipo de actividades culturales y la reducción del salario real de los obreros y obreras, trabajadores y trabajadoras.

Los 12 años de dictadura estuvieron marcados por la represión a todas las fuerzas políticas, muy particularmente con los partidos de izquierda, con el encarcelamiento de todos les dirigentes sindicales y la prohibición de la actividad gremial a obreras y obreros de todas las ramas laborales, por la expulsión de funcionarios públicos, especialmente los docentes, sospechosos de cualquier inclinación izquierdista. Desde el punto de vista económico, la dictadura, asesorada por técnicos de ideas neoliberales procedió a cierta apertura de economía exterior, generando consecuencias nefastas para el país y su gente limitando la intervención estatal.

Previo al Golpe de Estado ya existían agentes de la CIA asesorando a las fuerzas de seguridad uruguayas, cuyo ejemplo más conocido fue la presencia de Dan Mitrione, quien enseño métodos de tortura a la policía uruguaya y que previamente había enseñado dichos métodos a los comandantes militares sudamericanos en las Escuela de las Américas situada a Panamá.

Medina, que era el Comandante en Jefe del Ejército cuando asumió el primer gobierno democrático, luego del Terrorismo de Estado, fue designado como Ministro de Defensa Nacional por el propio Julio María Sanguinetti (primer presidente electo democráticamente luego de la dictadura). El cual surge con el apoyo de las fuerzas políticas del país en el tan famoso Pacto del Club Naval.

Dicho Pacto derivó en elecciones nacionales con ciudadanas y ciudadanos proscriptos, con presos /as políticos/as y organizaciones partidarias de izquierda prohibidas, después de años de terror.

Luego vino la elaboración y ulteriormente la sanción de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado Nº 15.848 que perdonó los delitos de Lesa Humanidad perpetrados en la dictadura. Las secuelas de esta ley, a pesar de los intentos de su derogación han llevado, luego de 49 años, a que los procesos a los genocidas sean lentos y dificultosos de concretar.

Aunque esta ley haya sido y sea condenada a nivel nacional y por los organismos internacionales de DD.HH