Por Juan Carlos Lopaczuk
El gobierno libertario desmantela y desfinancia sectores gubernamentales dedicados a los derechos humanos de manera sistemática.
Desde que asumió en diciembre último, el gobierno libertario se caracterizó por desarrollar políticas de desmemoria. Incluso por el fomento y justificación de tiempos recientes antidemocráticos. Su principal referente es la vicepresidenta Victoria Villarruel quien no sólo no condena los delitos de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar, sino que los reivindica.
En los primeros días del mes de julio, su nuevo secretario de Derechos Humanos de la nación, el ex juez Alberto Baños, despidió a 63 trabajadoras y trabajadores del área. 27 eran de la Dirección Nacional de Sitios, que tiene a su cargo los Sitios de Memoria que funcionan en los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio abiertos por la última dictadura cívico-militar en todo el país.
Asimismo se recortaron sectores como el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria. Este último reconocido mundialmente por su labor de digitalización, archivismo y conservación de documentos históricos.
Este proceso de vaciamiento tiene un antecedente en el mes de marzo de este año cuando fueron despedidas/os 42 trabajadoras y trabajadores que afectó, en ese entonces, el área de prensa, el Centro Cultural Haroldo Conti y Sitios de la Memoria. Además permitió que el Sitio de la Memoria Regimiento de Infantería Nº 9 de Corrientes sea cerrado ya que las 3 personas que lo atendían fueron despedidas. Entre los despidos de esa ocasión se incluían personas que tenían 16 años de antigüedad.
En julio, los despedidos fueron trabajadores y trabajadoras que se encargaban de la conservación y preservación de los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, como ser arquitectos/as y personal de mantenimiento. Su tarea era solicitada por los juzgados federales para la preservación de los sitios en las causas de la memoria.
Además fue afectada por el recorte la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi) que se encarga de realizar investigaciones prejudiciales en los casos de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado. Asimismo la ola de despidos llegó al Consejo Federal de Derechos Humanos, la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, y la Dirección Nacional de Formación de la secretaría.
Como para coronar está casi apología de la desmemoria y reinvindicación del terrorismo de Estado, trascendió que 5 diputados de La Libertad Avanza visitaron en esta semana inicial de la segunda quincena de julio a los genocidas Astiz, Guglielminetti, Pernías, Donda y otros más en el pabellón dedicado a delitos de lesa humanidad del penal de Ezeiza. Los legisladores y legisladoras libertarios son los siguientes; Lourdes Arrieta (la del patito en la cabeza), Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo. Visita que tuvo la finalidad de demostrarles apoyo a los asesinos condenados por la justicia.
Está claro que el sentido de la acciones del gobierno libertario son pregoneras de tiempos en donde la democracia no era una opción. Por lo tanto, la preservación de la memoria se vuelve más necesaria y esencial en los ámbitos en donde se encuentra el compatriota de a pie.
Hoy la lucha por los derechos humanos, por la memoria y la justicia es un elemento fundamental en la reconstrucción y la esperanza de una patria mejor a la que estamos atravesando en los tiempos actuales.
Sólo la memoria activa y la acción conjunta en ese sentido traerán el sol en estos momentos de nubarrones.
El oficialismo podrá hacer la apología de la desmemoria, pero la gente consciente no olvida el genocidio.