“¡Me asfixio! ¡Dios!
Pienso en mi cara
Se está quemando, ahora, mi cara, ¡Dios!
Una explosión
Y los colchones se prenden fuego y nos quemamos vivos”
Pabellón Séptimo (relato de Horacio)
Indio Solari
Por Natalia D´Alessandro
El 14 de marzo de 1978, en el Pabellón VII de la Cárcel de Devoto, 65 personas murieron carbonizadas y asfixiadas, y algunas de ellas con disparos de ametralladora. Otras 88 personas resultaron heridas con quemaduras. En ese pabellón vivían 160 presos llamados “comunes”. No solo eso, cuando los sobrevivientes fueron saliendo del Pabellón, los penitenciarios los golpearon de manera salvaje con palos. Este hecho, que configura la masacre carcelaria más grande de nuestro país, fue conocido como el “Motín de los colchones”.
El miércoles 09 de Octubre de este año comenzó el juicio oral y público en el que esta masacre está siendo juzgada como un delito de lesa humanidad, y que tienen sentados en el banquillo de los acusados a Juan Carlos Ruiz, que en aquel entonces era el Director de la Cárcel de Devoto, a Horacio Martín Galíndez, que se desempeñaba como Jefe de la División Seguridad Interna y a Gregoria Zerda que cumplía funciones como guardia cárcel.
Para llegar a esta instancia de juicio oral, mucha fue la lucha de sobrevivientes y largo el camino judicial que tuvimos que realizar como equipo jurídico.
En principio, comenzar a llamar a las cosas por su nombre. No fue un motín. Fue una masacre. Y fue un delito de lesa humanidad. Nuestro país estaba atravesando la última dictadura cívico militar eclesiástica empresarial, la cárcel estaba bajo el control funcional del Ejército, en un pabellón cercano había mil presas políticas, y el Servicio Penitenciario Federal, era una fuerza de seguridad que formó parte funcional y orgánicamente del terrorismo de Estado. Era un solo servicio penitenciario para todos los detenidos. Los políticos y “comunes”. Además en el pabellón había tres detenidos a disposición del PEN.
Sin embargo, todo esto no fue suficiente para convencer al poder judicial que, en un primer momento – en el año 2013 cuando se presentó la denuncia – entendió que se trataba de una grave violación a los derechos humanos, pero que no se configuraba un delito de lesa humanidad. Ello, fundamentalmente, porque quienes perdieron la vida no eran presos políticos. El delito no estaba prescripto, pero no era un caso para que atienda la Justicia Federal. Primer revés. Hubo que apelar esa decisión.
En el año 2014 la Cámara de Apelaciones nos dio la razón. El caso era un delito de lesa humanidad y la responsabilidad de los agentes estatales involucrados, debía ser investigada en el fuero federal, como todos los delitos de Lesa Humanidad. La primera victoria.
En este recorrido, en búsqueda de justicia, tardó 10 años en llegar a juicio oral y público. Por primera vez, después de 46 años, los sobrevivientes y familiares pueden brindar su testimonio ante los imputados, ante el Tribunal y fundamentalmente ante la sociedad en su conjunto.
Llegamos a juicio, en un contexto político muy particular, con el negacionismo cómo moneda corriente y política de estado. Con una ampliación del poder punitivo estatal y con un incremento en la represión de las protestas, como hace muchos años no veíamos. Llegamos a juicio, en un momento difícil, de debilitamiento de nuestra democracia, que se suma a la resistencia que encontramos en distintos ámbitos a que este caso sea caracterizado delito de Lesa Humanidad, y eso vuelve fundamental el acompañamiento a las víctimas y la difusión del caso.
Las audiencias tienen lugar cada miércoles desde las 10 hs, en la sala SUM de los tribunales de Comodoro Py. El debate se lleva a cabo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, y las audiencias pueden seguirse en el canal de Youtube de La Retaguardia. (https://www.youtube.com/@laretaguardia).
La crónica de cada una de las audiencias, así como el cronograma del juicio puede consultarse en el blog dedicado a la Masacre en el Pabellón Séptimo. (https://masacreenelpabellonseptimo.wordpress.com/) que desde hace años viene llevando adelante Claudia Cesaroni, quien investigó este caso como una muestra más de la brutalidad de la que fueron y son víctimas las personas privadas de la libertad y de cómo esa violencia estatal es invisibilizada y, en muchísimos casos, justificada.
Nos resta, en esta lucha, lograr que se avance en la investigación judicial de la responsabilidad que les cabe a jueces y fiscales que intervinieron en la causa judicial de aquel entonces, y que tuvieron un rol fundamental en el encubrimiento del cruel accionar del Servicio Penitenciario, y que nada hicieron por garantizar la vida y la integridad de las personas que tenían bajo su custodia.
Queda un largo camino por recorrer en esta reconstrucción colectiva de la memoria, porque como dicen sobrevivientes y familiares, mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando.
