Desde su llegada al poder el 10 de diciembre pasado el gobierno de Javier Milei desató un violento programa económico destinado a imponer una brutal distribución regresiva de los ingresos. Lejos del pirotécnico discurso de campaña que prometía “ajustar a la casta política” el gobierno Libertario demostró claramente quienes seremos las víctimas de su plan de negocios. Radiografía de un enero que arde.
Ya nadie puede darse por sorprendido. Apenas 72 horas después de asumir el “renovado” ministro Caputo anunció por cadena nacional una batería de medidas que incluyeron des-regulaciones económicas, liberalización de tarifas públicas, quitas de subsidios al trasporte, despidos de trabajadores del Estado Nacional y una mega-devaluación de un 120 % que, obviamente, desató un aceleramiento inflacionario pocas veces vistos.
Pocos días después, cuando la sociedad todavía no acababa de absorber el golpe, fue el propio presidente quien firmó un inmenso DNU que en más de 600 artículos modificaba de un plumazo toda la legislación social, laboral, educativa, sindical y económica construidas a lo largo de más de 200 años de historia. Estos dos “actos fundacionales” son irrefutables pruebas de la matriz ideológica profundamente anti-popular y saqueadora del nuevo gobierno.
La Libertad Avanza, en clara unidad con el macrismo residual, es ni más ni menos que un proyecto neo-colonial que vino a reimplantar de forma violenta y autocrática el modelo económico impuesto durante la última dictadura militar. Es decir que pese a su “legitimidad democrática de origen” el modelo libertario no representa otros intereses que el de los grandes grupos económicos del capital agro-financiero transnacional adaptado a esta nueva coyuntura de descomposición del capitalismo global.
Frente a esta situación la “política profesional” no parece, hasta ahora, dar respuestas. Mientras un sector del peronismo del interior mediterráneo en alianza con la UCR busca tender puentes de negociación con el gobierno para “asegurarle gobernabilidad”, el kirchnerismo y el trotskismo encarnan una “resistencia parlamentaria” que al menos hasta ahora no logra convertirse en una mayoría que logre frenar el avance gubernamental.
Mientras tanto, en las calles, las organizaciones sociales y los sindicatos demuestran que la musculatura de la movilización popular sigue siendo poderosa.
Frente a este escenario Palabra Activa, fiel a su histórico compromiso con los intereses populares, fija claramente su posicionamiento político: el gobierno de Javier Milei es un proyecto de carácter neo-fascista que busca a fuerza de represión y saqueo económico empobrecer a las mayorías trabajadoras para enriquecer a las parasitarias minorías privilegiadas. Con ese proyecto no se negocia. A ese proyecto no se le asegura gobernabilidad. No se le votan leyes. Al fascismo se lo enfrenta, se lo derrota y se lo desecha como alternativa política.
Quienes no lo vean así, fallarán en su deber histórico de ser protagonistas de la nueva epopeya popular que nuestra doliente realidad nos exige. La Patria no se vende. Se defiende.
