Por Pablo Ambrosetti
La cámara de diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que declara a la educación servicio público esencial. ¿Qué se esconde tras esta propuesta?
En una interminable sesión parlamentaria que se prolongó por más de 20 horas todos los bloques, con excepción de legisladoras y legisladores de Unión por la Patria y el FIT (Frente de Izquierda) aprobaron una polémica norma que limita el derecho de huelga a trabajadores y trabajadoras de la educación. El proyecto presentado por el ex Ministro de Educación de Vidal, Alejandro Finochiaro, establece que “ante una medida de fuerza de los sindicatos docentes que se prolongue por más de 48 horas continuas o discontinuas las escuelas deberán contar con una guardia mínima del 25% del personal docente y no docente de cada institución a fin de garantizar el normal funcionamiento”. Al mismo tiempo si las acciones sindicales se extendieran por más de dicho plazo esa guardia docente “debe ampliarse al 50 % del personal de cada establecimiento”. Es decir que el derecho de huelga queda recortado a gusto y discreción del Gobierno Nacional.
El mismo proyecto establece que los respectivos gobiernos provinciales y municipales serán los responsables de fiscalizar el cumplimiento de la norma como así mismo de establecer las sanciones disciplinarias para aquellos directivos escolares que no la cumplieran. En un marco de ajuste estructural a trabajadoras y trabajadores de la educación que vieron recortados sus salarios en un 15% en promedio, tras la anulación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y la desaparición de la Paritaria Nacional Docente, esta medida restrictiva del derecho a huelga es la única forma que el gobierno Libertario encuentra para intentar disciplinar al sindicalismo docente.
Sin embargo, esta embestida no debería ser leída en clave corporativa ya que no busca meramente desmovilizar a trabajadores y trabajadoras de la educación nucleados en la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina); sino disciplinar y desmovilizar a uno de los pocos sectores sociales que siguen resistiendo al recorte presupuestario que Milei encarna.
Entender a la educación como un “servicio” en lugar de como un “derecho social “va de la mano con el discurso oficial que entiende al Estado no como un actor político que garantiza bienestar social sino como una mera fuerza de choque que vía represión mantiene los miserables privilegios de las clases dominantes.
Como siempre el tiempo dirá cuál será la respuesta que el campo popular tendrá que dar ante este nuevo desafío.
Es cierta la verdadera intención de esta medida. En otros países los docentes ganan muy buenos sueldos y no necesitan hacer paros para demandar mejores condiciones de trabajo.
Sucede también que la escuela se ha convertido, ya hace tiempo, en una guardería donde niñes y adolescentes van a comer y pasar un tiempo (cuidados ) mientras sus padres van a trabajar.
Es otro avance del neoliberalismo contra derechos inalienables del ciudadano.
Muy buena la nota !!!… ademas de que es un reclamo de los gremios que este proyecto limita el derecho a huelga, hay que decir también que el
proyecto en su planteo de esencialidad esconde otros temas donde, hay que decir que la escuela publica no es un deposito degradante de personas.